La fotovoltaica considera insuficientes los 2 euros por MVArh que recibe por prestar servicios de control de tensión al sistema eléctrico
La fotovoltaica considera insuficiente la retribución establecida para las instalaciones que participan en el control de tensión del sistema eléctrico peninsular. Así lo señaló el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre el apagón del 28 de abril de 2025.
Donoso destacó la rápida adaptación de las instalaciones fotovoltaicas a la nueva regulación que permite su participación en este servicio, pero cuestionó el nivel de compensación fijado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): 2 euros por megavatio amperio reactivo hora (MVArh).
Según explicó, la diferencia con otras tecnologías es considerable. Los ciclos combinados de gas natural reciben actualmente alrededor de 200 euros/MVArh, mientras que la propuesta inicial para la fotovoltaica fue de un euro. El sector planteó posteriormente una retribución de 50 euros/MVArh, pero la cantidad finalmente establecida quedó en dos euros. Para Donoso, esta cifra «es insuficiente» y no constituye un incentivo suficiente para que las plantas renovables presten el servicio.
La fotovoltaica ya contaba con la capacidad técnica
Durante su intervención, el director general de UNEF también se refirió a las conclusiones de los informes publicados sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Según Donoso, estos análisis han descartado que el incidente estuviera provocado por un exceso de generación renovable, por una elevada penetración fotovoltaica o por una falta de inercia, y apuntan a un problema relacionado con la tensión del sistema.
En este contexto, Donoso subrayó que buena parte de las instalaciones fotovoltaicas españolas ya disponían de la tecnología necesaria para contribuir a la regulación de tensión. Sin embargo, el marco regulatorio impedía que pudieran prestar este servicio.
El procedimiento de operación P.O. 7.4, necesario para regular esta participación, llevaba más de cuatro años pendiente de aprobación por parte de la CNMC y no fue aprobado definitivamente hasta semanas después del apagón. De acuerdo con los datos aportados por UNEF, alrededor del 71% de las plantas fotovoltaicas ya disponía entonces de capacidad para realizar un control dinámico de la tensión.
El representante de UNEF puso como ejemplo la situación de Portugal, donde las instalaciones renovables, incluida la solar fotovoltaica, podían participar en el control de tensión. A su juicio, esta diferencia proporcionaba al operador portugués más herramientas para gestionar el sistema eléctrico.
El coste de las restricciones técnicas aumenta
Donoso también alertó sobre la evolución de los costes asociados a las restricciones técnicas adoptadas para garantizar la estabilidad del sistema después del apagón. Según sus declaraciones, estos costes están alcanzando una media mensual superior a los 283 millones de euros, con una parte importante de los ingresos destinada a las centrales de ciclo combinado.
UNEF considera que este escenario puede incrementar los costes del sistema y afectar a la competitividad de la electrificación frente a la generación convencional con gas. Para Donoso, uno de los principales retos pasa precisamente por avanzar en la electrificación sin que las restricciones técnicas terminen elevando de forma significativa el coste de la electricidad.
La inercia sintética, pendiente de regulación
La capacidad de las instalaciones fotovoltaicas para aportar inercia sintética fue otro de los asuntos abordados durante la comparecencia. Donoso señaló que la tecnología necesaria ya existe, aunque su aplicación depende todavía de la regulación técnica europea.
En este caso, la cuestión está vinculada a las normas que deben aprobarse en el marco de ENTSO-E, la asociación europea de operadores de sistemas de transporte eléctrico. Por tanto, el desarrollo de nuevas capacidades de la fotovoltaica para contribuir a la estabilidad de la red no depende únicamente de la tecnología disponible, sino también de la evolución del marco regulatorio.
La posición defendida por UNEF es que las instalaciones fotovoltaicas pueden asumir un papel más activo en la operación del sistema eléctrico, siempre que existan unas condiciones regulatorias y económicas que permitan aprovechar esas capacidades.
