La Unión Española Fotovoltaica demanda una prórroga de dos años para proyectos que obtuvieron Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en enero, con el objetivo de asegurar su viabilidad y captar inversiones cruciales para el sector en proceso de expansión.
El director general de UNEF, José Donoso, ha subrayado la necesidad urgente de esta prórroga de dos años, que busca facilitar el proceso de inversión en un sector que requiere atraer inversiones por valor de 50.000 millones de euros. Donoso enfatizó la importancia de realizar este proceso de manera efectiva para atraer la inversión privada y recordó que la regulación se estableció originalmente para abordar la acumulación de solicitudes de permisos de acceso y conexión que bloqueaban los puntos de conexión a la red sin tener la intención de construir instalaciones fotovoltaicas.
El sistema actual establece hitos administrativos intermedios en la tramitación de proyectos, pero esto ha generado una sobrecarga en las administraciones, que carecen de personal suficiente y en algunos casos de sistemas de digitalización. Debido a esto, el cumplimiento de los plazos establecidos por real decreto-ley resulta imposible, lo que llevó al Ministerio para la Transición Ecológica a extender los plazos.
La fecha límite actual para completar toda la tramitación administrativa es diciembre de 2023. A partir de esa fecha, los proyectos deben tener todos los permisos para no perder su punto de conexión y luego tienen hasta junio de 2025 para ser construidos y conectados a la red. Sin embargo, muchos de los proyectos aprobados en enero han enfrentado condiciones o cambios en su perímetro, lo que requiere una nueva fase de revisión pública.
Donoso destacó que el principal desafío ahora radica en los 18 meses restantes para construir las plantas. Algunas empresas deberán negociar la financiación de sus proyectos, un proceso que lleva tiempo, y el suministro de transformadores actualmente requiere de 15 a 24 meses. Dadas estas circunstancias, es poco probable que los proyectos se completen dentro de los plazos establecidos.
La prórroga de dos años propuesta permitiría evitar cuellos de botella y tensiones inflacionarias en los suministros para la construcción. Además, instó a no desperdiciar los esfuerzos realizados por los funcionarios para agilizar las tramitaciones administrativas y llamó la atención sobre la falta de conexión entre la regulación existente y la realidad actual del sector.
El Director General de UNEF también abordó la oposición social que algunos proyectos renovables están enfrentando y destacó que, según él, para instalar toda la potencia fotovoltaica contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se necesitaría sólo el 0,38 % del terreno agrícola en España. Argumentó que es posible combinar la producción fotovoltaica con la agricultura sin impactos significativos y que el abandono de la ganadería tiene un impacto mayor en la reducción de la superficie agrícola en comparación con la actividad fotovoltaica. Según Donoso, los terrenos abandonados en Cataluña en los últimos años podrían albergar toda la potencia prevista en el PNIEC.
